Exfuncionarios del GORE sentenciados por la justicia quedarán en la memoria de la población como corruptos

EL ALTIPLANO

El Gobierno regional más corrupto de la región Puno, fue en el periodo de Mauricio Rodríguez, del supuesto “honesto y productivo” con su símbolo el Pututo; según el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Puno, a cargo del Juez Roger Fernando Istaña Ponce, en el adelanto de fallo, sentenció a seis años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva, en contra de Luis Adoniran Ronquillo Atencio y Zenón Roger Cahua Villasante, por el delito de colusión Ilegal agravada, en agravio del Estado Peruano, las cuales quedaran en la memoria de la población por siempre y para siempre.

El magistrado también condenó a seis años de pena privativa de libertad efectiva a Edwin Nelson Mamani Vilcapaza, David Danz Cruz, Beatriz Cutipa Llanque, César Concepción Rodríguez Aguilar y Hugo Llano Mamani, como cómplices del delito de Colusión Ilegal Agravada prevista en el artículo 384° segundo párrafo del Código Penal modificado por la Ley N° 29758, en agravio del Estado Peruano, Gobierno Regional de Puno. Muchos de ellos ahora pasan de santos puritanos, inmaculados, hasta de panelistas en la distinta radio emisoras; cuando en realidad tienen un pasado oscuro como funcionarios públicos, la población debe saber identificar a estos malos elementos de la administración pública.

Toda estas denuncias fueron ventiladas e iniciadas por el exconsejero regional por la provincia de Melgar, Hugo Muñoz Guerra, finalmente fueron tomadas en cuenta por las autoridades judiciales a tanta insistencia y exigencia de los propios medios de comunicación; cabe destacar que es obra y gracia de Muñoz Guerra la sentencia que fue efectuada el pasado 2 de febrero del 2018, a las 14:30 horas de la tarde. La pena es de 6 años y 6 meses de prisión efectiva contra el exgerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Roger Cahua Villasante y el exjefe del Proyecto de Desarrollo de Capacidades Humanas para la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Puno, Luis Ronquillo Atencio. Se sentencia también a 6 años de cárcel a el exasesor Hugo Llano Mamani, David Danz Cruz, Beatríz Cutipa Llanque; César Concepción Rodríguez Aguilar y Edwin Nelson Mamani Vilcapaza, en calidad de cómplices por el delito de colusión agravada y defraudación al Estado.

Supuestamente, se habían realizado capacitaciones para personal que laboraba en el referido emprendimiento. Los cómplices (capacitadores) cobraron S/10 mil 400 soles, por algo que no hicieron. Se sabe que luego de la sentencia los involucrados presentarán un recurso de apelación.

Recientemente, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Puno condenó a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de los exfuncionarios del Gobierno Regional de Puno Hernán Javier Cruz Cruz, Néstor Modesto Mamani Titi y Manuel Octavio Quispe Ramos.

Ellos fueron hallados responsables del delito contra la administración pública –delitos cometidos por funcionarios públicos–, en la modalidad de negociación incompatible. El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, sustentó la acusación contra los referidos ex funcionarios regionales.

Según la investigación a cargo del fiscal provincial Gilmer Escobar Gil, los hechos se habrían producido cuando el Gobierno Regional de Puno, a través del Acuerdo Regional 083-2012-GRP-CRP del 2 de octubre del 2012, aprobó exonerar el proceso de selección por desabastecimiento inminente, para la adquisición de dos máquinas: una planta de asfalto en caliente y una terminadora de asfalto sobre ruedas.

Los ahora sentenciados Hernán Javier Cruz Cruz, Néstor Modesto Mamani Titi y Manuel Octavio Quispe Ramos, en su calidad de funcionarios públicos del Gobierno Regional de Puno, gestionaron dicha exoneración del proceso de selección por causal de desabastecimiento inminente, sin haber cumplido dolosamente con los actos preparatorios del proceso de contratación y sin haber acreditado la situación extraordinaria e imprevisible, siendo estos requisitos necesarios.

Asimismo, modificaron sin sustento técnico que justifique las características técnicas en las bases del proceso, resultando diferentes a los estudios de pre inversión, a nivel de factibilidad. Sumado a ello, y pese a que la empresa contratista (CRUBHER) no cumplió con el requerimiento técnico mínimo previsto en las bases respecto al año de fabricación de las máquinas requeridas, cancelaron la totalidad del monto contractual ascendente a más de tres millones de soles, a favor de dicha empresa.

Según la Fiscalía, de esta manera quedó demostrado que favorecieron a la referida empresa contratista, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, afectando la transparencia y probidad con la que deben actuar los funcionarios de la entidad.

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