Defensoría del Pueblo: mayor cantidad de quejas en Puno corresponden a municipalidades

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EL ALTIPLANO

  • Las municipalidades provinciales con mayor cantidad de quejas son las de Puno y Carabaya.

 La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno y el Módulo Defensorial de Juliaca, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de agosto, han atendido 1841 casos de la ciudadanía. Entre ellos, 559 son quejas, 362 pedidos de intervención y 920 consultas.

Según la información sistematizada, las municipalidades son las instituciones más quejadas con 172 casos (23 %); seguida de las empresas prestadoras de electricidad con 82 (11 %); la Dirección Regional de Educación con 63 (9 %); el Gobierno Regional con 53 (7 %); los centros médicos con 40 (5 %). Asimismo, se recibieron quejas contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con 36 casos (5 %), y las empresas privadas prestadoras de servicios de saneamiento, con 35 (5 %).

De las 110 municipalidades que tiene la región altiplánica, las comunas provinciales de Puno y Carabaya fueron las que acumularon mayor cantidad de quejas debido, entre otros temas, a la vulneración de los derechos laborales y acceso a la información pública, así como problemas de fiscalización de las actividades comerciales.

Durante este periodo, la institución advirtió a las autoridades educativas que muchos de las y los estudiantes del nivel inicial, primario, secundario y superior, no pudieron acceder por falta de equipos a las clases virtuales. Asimismo, se señaló que en muchas localidades no existe señal de radio ni de internet. De acuerdo a un informe reciente de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREPUNO) se estima que desertaron más de 20 000 estudiantes.

Uno de los casos relevantes de limitación al derecho a la educación se produjo en la comunidad de Kantati Ururi del distrito de Cojata, provincia de Huancané frontera con Bolivia donde los escolares no pudieron acceder a la cobertura radial a fin de tener acceso a la estrategia “Aprendo en Casa”. En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno exigió a la DREPUNO articular esfuerzos entre los sectores involucrados a fin de garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes.

El derecho a la salud también fue afectado en este periodo, evidenciándose restricciones e interrupciones en la atención. Los hospitales Manuel Núñez Butrón, Carlos Monge Medrano y EsSalud Puno son los que registran l la mayor cantidad de quejas debido al déficit de profesionales de salud para enfrentar el COVID-19. Cabe indicar que, varios médicos pidieron licencia por tener alguna comorbilidad o superar los 65 años de edad. Ante esta situación, la institución demandó adoptar, de manera urgente, acciones que permitan continuar la atención de pacientes.

En cuanto a los servicios públicos, han sido constantes las quejas de la ciudadanía por la interrupción de la energía eléctrica y el cobro excesivo en la facturación. Uno de los casos más relevantes se dio en el distrito de San Antonio de Esquilache donde a algunas familias, pese a no contar con el servicio de febrero a junio, les llegaron recibos por un servicio que no recibían. Tras la intervención de la institución ante la empresa Electro Puno, se restituyó el servicio.

“A partir de estos casos, instamos al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a cumplir su labor de fiscalización del proceso de facturación realizada por Electro Puno”, sostuvo Jacinto Ticona, jefe de la Oficina Defensorial de Puno.

Finalmente, es preciso indicar que la intervención defensorial en los establecimientos penitenciarios de la región fue principalmente, por temas vinculados a la salud, pues tampoco contaban con personal médico, a pesar que los internos también son una población altamente vulnerable.

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