Defensoría del Pueblo: debe reevaluarse la calificación de delitos en presuntos feminicidios ocurridos en Puno

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EL ALTIPLANO

  • De cinco casos ocurridos en esta región, dos se investigan por otros delitos.

Tras advertir que 2 de los 5 casos de presunto feminicidio ocurridos en la región Puno no se estarían investigando como tales, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Juliaca demandó a la Fiscalía Provincial Mixta del distrito de Ananea y a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la Provincia de San Román, que evalúen reconsiderar la calificación del delito. Estos casos están referidos a mujeres que presuntamente perdieron la vida a manos de sus parejas, por lo que se debe garantizar en todo el proceso la debida diligencia en la investigación de los hechos.

En efecto, en enero de este año, en la ciudad de Juliaca, se tomó conocimiento de la muerte de una mujer, cuyo agresor confesó ante la Policía Nacional que habría acabado con su vida luego de que ella intentara poner fin a su relación. A pesar de ello, el caso se viene investigando como homicidio calificado.

Asimismo, viene investigándose el caso de una mujer que falleció tras ser golpeada presuntamente por su conviviente en el Centro Poblado La Rinconada, y que los peritos de criminalística señalaron que el cadáver de la víctima presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo. Esta mujer habría fallecido como consecuencia de los golpes; no obstante, la Fiscalía Provincial Mixta de Ananea investiga el delito comolesiones graves, con subsecuente muerte.

“Los representantes del Ministerio Publico deben tener en cuenta la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 002765-2018-MP-FN, que aprueba el Protocolo del Ministerio Publico para la investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género, el cual señala que desde que se toma conocimiento de la muerte violenta de una mujer, se deberá formular la presunción inicial de feminicidio. Ello se plantea con el objeto de no dejar de lado la búsqueda de elementos de juicio que pudieran revelar la existencia de episodios de violencia de genero asociados al desenlace fatal”, sostuvo Nivardo Enríquez, coordinador del módulo defensorial.

En esa línea, la institución recordó que la obligación de debida diligencia eleva el estándar de indagación de hechos de violencia contra la mujer al de una investigación reforzada. Ello implica que la actuación fiscal debe tener alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia de género. Asimismo, este accionar debe cumplir con la imparcialidad, oportunidad y exhaustividad, y deben agotarse todos los medios legales.

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