Defensoría del Pueblo: debe implementarse enfoque de discapacidad en gestión de gobiernos locales y regionales en Puno

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EL ALTIPLANO

Defensoría del Pueblo en Puno

13 % de la población en Puno tiene alguna discapacidad, siendo una de las regiones con mayor proporción de personas con discapacidad.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno demandó al Gobierno Regional fortalecer estrategias para la incorporación del enfoque de discapacidad en la gestión pública, así como la asignación de los recursos necesarios para la atención de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria. Además, instó al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) a intensificar el trabajo con las municipalidades locales y provinciales.
De acuerdo a los Censos Nacionales 2017, la región Puno es la que tiene el mayor número de personas con discapacidad en el país, esto es, 153 869, lo que equivale al 13 % de la población total. De esta cifra, el 56 % son mujeres.
En la supervisión realizada en mayo del presente año a las 13 provincias de la región, se verificó que todas cuentan con una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), pero no se les han asignado los suficientes recursos humanos y económicos para asegurar una atención adecuada. Así, 9 de las 13 Omaped provinciales funcionan con una sola persona, habiendo suspendido sus labores durante la pandemia. Asimismo, 26 municipalidades distritales, de un total de 110, no contaban con una Omaped a octubre de 2019.
“Urge la creación de las Omaped de los gobiernos locales de Puno y asignación de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo a ley, así como el monitoreo y acompañamiento de sus actividades. Por otro lado, es preciso también incorporar a las asociaciones de personas con discapacidad en los procesos de elaboración de los planes a su favor” sostuvo Jacinto Ticona, jefe de la oficina defensorial en Puno.
Con respecto a los traslados humanitarios durante el contexto de pandemia, se advirtió que la Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis) no habría considerado la condición de discapacidad como criterio de vulnerabilidad, ni se habrían tomado medidas diferenciadas en favor de esta población. Como resultado, solo dos ciudadanos fueron considerados para estos traslados. Por su parte, los gobiernos locales tampoco consideraron a la discapacidad como un criterio de priorización para la entrega de las Canastas Básicas Familiares, evidenciándose la falta de comunicación con los representantes de las Omaped y las asociaciones.
De otro lado, se advierte que, en la región, el Programa Contigo presenta una brecha de cobertura del 42 % respecto al número de personas con discapacidad que han logrado cumplir con los requisitos para acceder a la pensión. Por otro lado, de las 1721 personas beneficiarias del Programa Contigo, solo 744 hogares con alguno de estos beneficiarios recibieron el Bono Universal. “Se requiere descentralizar la administración de este programa con la finalidad de responder de manera más eficiente a las demandas de los beneficiarios y permitir coordinaciones más fluidas con las Omaped”, agregó Jacinto Ticona.
Finalmente, es necesario uniformizar y actualizar los registros de las personas con discapacidad para crear estrategias a favor del ejercicio de sus derechos, más aún durante la emergencia sanitaria que limita las actividades de todas y todos.
Según información proporcionada por las Omaped de las provincias de Puno, el número de personas con discapacidad que tienen identificadas está muy por debajo de lo que señala el Censo del 2017. Por ejemplo, la Omaped de San Román solo registra al 3 % de personas con discapacidad del distrito identificadas en el Censo, la Omaped de Puno, el 1.3 % y la Omaped de Azángaro, el 0,4 %.

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