Defensoría del Pueblo: Susalud debe sancionar a entidades que no brinden información a familiares de pacientes COVID-19

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EL ALTIPLANO

  • En Ayacucho, los cuerpos de dos personas fallecidas fueron inhumados sin comunicarse con los familiares.
  • Multas por no dar información pueden ascender hasta los 430 mil soles.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho subraya el deber que tienen los establecimientos de salud públicos y privados de brindar información precisa y constante a los familiares, sobre la evolución del estado de salud y las decisiones que se tomen en torno a los pacientes COVID-19 que se encuentran hospitalizados.

En lo que va del estado de emergencia sanitaria, la institución ha recibido múltiples quejas de ciudadanas y ciudadanos de diversos puntos del país sobre la falta de información de parte de hospitales, clínicas y otros centros de salud respecto a los procedimientos que se vienen practicando para estabilizar a las y los pacientes.

En ese sentido, la entidad recuerda que esta obligación no se ha visto restringida en ningún extremo y que Susalud puede sancionar con multas de hasta S/ 430 000 a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) que no brinden información diaria a los familiares de pacientes hospitalizados.

Uno de los casos más recientes se dio en Ayacucho, donde la oficina de la Defensoría del Pueblo recibió las quejas de los familiares de dos personas fallecidas por COVID-19 en el Hospital II de Huamanga Carlos Tuppia García Godos, de EsSalud. De acuerdo a las quejas, los cadáveres fueron inhumados sin informarse a sus familiares, quienes hasta el momento desconocen el lugar donde han sido sepultados.

Al respecto, el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar, señaló que el personal de EsSalud no habría seguido el protocolo para el manejo de cadáveres COVID-19, al precisar que la Directiva Sanitaria N° 087-MINSA/2020/DIGESA permite a dos familiares presenciar el procedimiento de cremación.

La institución resaltó la importancia de que el personal encargado del manejo de cadáveres, en hospitales y funerarias, respete y garantice los derechos de familiares de las personas fallecidas por COVID-19.

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