Defensoría del Pueblo: Perú carece de leyes y políticas para proteger derechos de las personas LGTBI

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EL ALTIPLANO

Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBTI.
Más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifica con una orientación sexual no heterosexual.
Han transcurrido años desde que se presentaron los Proyectos de Ley a fin de reconocer el derecho a la identidad de género de las personas, las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, así como el matrimonio igualitario; sin embargo, pese a las exhortaciones realizadas aún no cuentan con dictámenes en las comisiones parlamentarias.

Por tal motivo, recientemente la Defensoría del Pueblo envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos solicitando información referida a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, a fin atender esta situación, y aquellas orientadas a cumplir con las obligaciones internacionales contenidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Azul Rojas Marín vs Perú; en la cual el Estado peruano fue encontrado responsable por cometer actos de tortura y discriminación en contra de una persona trans.

En la referida sentencia, la Corte le ordenó implementar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia, capacitar y sensibilizar a la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el serenazgo, recopilar datos y cifras vinculadas a casos de violencia, entre otras acciones.

Al respecto, se han conocido casos de parejas del mismo sexo que han sido agredidas por personal de serenazgo debido a sus expresiones públicas de afecto, así como de personas trans a quienes, en el marco de la emergencia sanitaria, se les impuso un castigo por quebrantar la normas, pero en puridad, las autoridades no solo buscaban sancionar el incumplimiento de un mandato legal; sino, su propia identidad.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhorta al Tribunal Constitucional a resolver con prontitud el proceso de amparo interpuesto por el señor Óscar Ugarteche Galarza, el cual tiene como petitorio la inscripción de su matrimonio celebrado en los Estados Unidos Mexicanos, y cuyo expediente ingresó a dicho Colegiado el 24 de mayo de 2018, hace más de dos años, sin que a la fecha exista una sentencia.

Cabe destacar que, en septiembre de 2019, se remitió el Informe de Adjuntía 001-2019-AAC-ADHPD, concluyéndose que el matrimonio entre parejas del mismo sexo llevado a cabo en el extranjero, también se encuentra protegido por los estándares convencionales y constitucionales que garantizan los derechos a formar una familia, sin ningún tipo de discriminación.

A este contexto de desprotección legal, se suman el estigma y los prejuicios, evidenciados en la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Personas LGBTI, los cuales señalan que el 37 % de peruanos no contrataría a una personas trans y el 30 % a una persona homosexual. Además, el 71 % percibe que este colectivo es el más discriminado y el 19 % considera que la homosexualidad es una enfermedad. En ese sentido, es fundamental que el Estado adopte medidas urgentes para eliminar esos prejuicios y prevenir la violencia hacia las personas LGTBI desde la infancia en el ámbito familiar y escolar, pues muchas de ellas pierden las oportunidades de continuar la escuela o abandonan sus hogares debido a la violencia o rechazo que sufren.

La Defensoría del Pueblo continuará trabajando para contribuir a garantizar el respeto de los derechos de todas las personas LGTBI, pues deben ser protegidas de todas las formas de violencia sin importar su orientación sexual o identidad de género, desde su infancia.

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