106 servidores de salud en Puno obtienen mejores condiciones laborales tras recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
EL ALTIPLANO
En el mes de abril, la oficina de la Defensoría del Pueblo de Puno solicitó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) que de manera urgente proceda a contratar bajo el Régimen Especial Laboral de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a los servidores públicos de las siete Redes de Salud de la región que se encontraban laborando por contratos civiles de locación de servicios.
Es así que, en atención a las recomendaciones defensoriales, las redes de salud de Puno, Carabaya, Yunguyo, Sandia, Collao, Huancané, Azángaro, Melgar y Chucuito, contrataron a 106 servidores que tenían un contrato civil de locación de servicios. No obstante, las redes de salud de San Román y Lampa no han brindado información sobre la situación de su personal.
Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, explicó que en la actual coyuntura generada por el COVID-19, el Decreto de Urgencia 29-2020 reconoce que la contratación civil (locación de servicios), por parte del Estado, de personal de la salud no es una herramienta idónea, ya que no genera los beneficios y derechos mínimos que debe tener todo trabajador, como acceso a licencias con goce de haber en caso de enfermedad, vacaciones o su afiliación al Seguro Social de Salud.
En ese sentido, el mencionado decreto de urgencia exonera la realización de concursos públicos para la contratación bajo el Régimen Especial Laboral de CAS, del personal que presta servicios en materia de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus en los establecimientos de salud con la finalidad que puedan tener los beneficios mínimos como trabajadores.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno hará seguimiento para que todas las redes de salud cumplan con informar si procedieron a la contratación de su personal en cumplimiento del Decreto de Urgencia 29-2020.
