Fiscalía de Puno logra medida cautelar de comparecencia contra funcionarios públicos
EL ALTIPLANO
La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso la medida cautelar de Comparecencia restringida en contra de Miguel Leonardo Vargas Reyes, Teófilo Montes de Oca Valencia, Javier Mayta Calla, Maritza Callo Apaza, Eusebio Cabrera Chunga y Edwin German Ccama Centeno por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de delitos cometidos por funcionarios públicos, en su forma de peculado en su sub-forma de peculado doloso; y contra la fe pública en su modalidad de disposiciones comunes en su forma de falsedad genérica en agravio del Estado peruano.
Por lo que también estarán sujetos a las siguientes reglas de conducta: No ausentarse de la localidad en la que residen sin autorización del órgano jurisdiccional, Presentarse ante la autoridad judicial cada treinta días para dar cuenta de sus actividades, concurrir a las diligencias ordenadas por el Ministerio Público o la autoridad judicial.
Deberán prestar caución económica los procesados en los siguientes montos: Edwin Germán Ccama Centeno el monto de veinte mil nuevos soles; Miguel Leonardo Vargas Reyes, el monto de doce mil nuevos soles; Los procesados Teofilo Montes de Oca Valencia y Javier Mayta Calla, el monto de cinco mil nuevos soles cada uno; Eusebio Cabrera Chunga, el monto de dos mil nuevos soles; Montos que se hará efectivo en el término de veinte días luego de notificarlos.
En caso de que no se cumpla con los pagos se revocará la medida y dictará prisión preventiva y ordenar su internamiento en el Establecimiento Penitenciario Puno.
Los hechos sucedieron luego de que en el año 2009 se aprobó la construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca fijándose un presupuesto de 74’195,699.00.
El residente de obra Miguel Leonardo Vargas Reyes en fecha 12 de mayo remitió a Ismael Alfredo Ortiz Justo Sub Gerente de obras equipo mecánico y materiales valorizados en 8’535,140.00 nuevos soles a pesar de las limitaciones de almacenaje y sin un cronograma de actividades ni compatible con un cronograma de ejecución de obra.
El Gobierno Regional Puno, convocó a licitación pública, otorgando la buena pro el día 07 de junio de 2010 a la empresa Corporación San Pablo EIRL para adquirir 16,992 M3 de material de construcción por un valor de 875,740.40 celebrándose un contrato en fecha 22 de julio de 2010 suscrito por el Gerente General Hugo Quintanilla Jara y Edwin German Ccama Centeno representante legal de la empresa San Pablo acordándose el plazo de entrega de los materiales de construcción en 06 días calendario.
El informe Nro. 150-2012 elaborado por la Contraloría General de la República acredita que el Gobierno Regional Puno pagó al proveedor ganador el íntegro del monto contractual asumido en mérito al informe de conformidad emitido por el ingeniero residente de obra Miguel Leonardo Vargas Reyes el 21 de julio de 2010, el citado servidor público hizo saber a Alberto Pacori Quispe, sub gerente de obras y equipo mecánico del Gobierno Regional de Puno que los materiales ya habían sido internados en el almacén de la obra sustentando su informe de conformidad en las guías de remisión Nro. 001-000001 y 001-000002 de fecha 27 de julio de 2010, suscritas por el residente, almacenera, supervisor y administrador de obra, por lo que se pagó el íntegro del monto contractual al investigado Edwin Ccama Centeno, representante de la empresa Corporación San Pablo siendo que en fecha 08 de setiembre de 2010, se hizo la transferencia de fondos.
A fin de sustentar que todos los materiales de construcción adquiridos habían sido entregados por el proveedor e internados en el almacén de la obra lo cual era falso, los citados ejecutores de la obra cometieron falsedad al suscribir las guías de remisión, PECOSA y el informe de conformidad, en fecha 02 de setiembre de 2010, suscrito a conformidad por los denunciados.
La empresa San Pablo entregó a lo sumo 2,505 m3 de agregados de obra valorizados en 138,307.50, por lo que se revela el pago irregular de S/. 737,432.90 por 14,487 m3 de agregados de construcción no entregados, ni internados en el almacén de la obra, ocasionando un grave perjuicio patrimonial al Estado peruano cabe resaltar que el caso lo viene llevando el Fiscal Adjunto Provincial Luis Talavera Herrera de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno.
