¿Magistratura Arbitral en el Perú?

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EL ALTIPLANO

Luciano López Flores

Luciano López Flores

Escribe: Luciano López Flores.

El paradigma de un “Poder Judicial Privado” de necesaria implementación”, el mismo que fuera publicado en la conocida revista “Actualidad Civil” (N° 14; Lima: agosto 2015; Instituto Pacífico; pp. 314-331). En este trabajo planteo la siguiente hipótesis: en el Perú la Constitución vigente (siguiendo el mismo camino trazado por el constituyente de 1979) ha diseñado lo que el TC denomina un “sistema jurisdiccional unitario” compuesto por un conjunto de entidades, órganos, autoridades o personas que gozan de la potestad o poder jurisdiccional estatal. Y dado que en el caso del arbitraje el inciso 1° del artículo 139° de la Constitución es enfático en reconocerle función jurisdiccional, no cabe duda que los árbitros ejercen -o debieran ejercer- una Magistratura en los procesos arbitrales que conocen.

Todo esto tiene sentido si reparamos en que la función jurisdiccional estatal es una sola pero ejercida por entes públicos y privados. Los privados son sólo dos: los árbitros y las comunidades campesinas y nativas (art. 149° de la Constitución). Así, cada órgano jurisdiccional ejerce su función en mérito a las competencias constitucionales y legales asignadas.

En el caso del arbitraje, en la medida que el constituyente ha incorporado tal espacio dentro del “sistema jurisdiccional unitario”, sus competencias legales (Ley General de Arbitraje) le permiten “competir” con el Poder Judicial. Y, de esta forma, rompe con el monopolio que ejerce el Poder Judicial en tales espacios competenciales. Lo diré de otra forma más frontal y sin tabúes: los árbitros son aquellas personas o agentes privados que ejercen la función pública (jurisdiccional) de resolver conflictos que constituyen una auténtica “Magistratura Arbitral” y que compite en dicha función con los Jueces del Poder Judicial. Ambos tienen el mismo poder. De allí que considere inconstitucionales las disposiciones de la Ley General de Arbitraje (“LGA”) que impiden que las medidas cautelares y los laudos arbitrales, en caso de incumplimiento por la parte afectada, deban ser ejecutados por los Jueces del Poder Judicial. Son un atentado contra la “coertio” y la “executio” propias de las decisiones jurisdiccionales. Por consiguiente, el arbitraje, al ser parte del sistema jurisdiccional del Estado debiera contar con un mínimo de supervisión y control. No puede ser una zona exenta del control gubernamental dado que son agentes privados que ejercen una función pública muy importante: brindar servicio de justicia a la ciudadanía en general.

Desde este enfoque, evidentemente no estoy de acuerdo con quienes insisten en afirmar que el arbitraje “no es jurisdicción” sobre la base de su “naturaleza jurídica” cuyos postulados se enraízan en la dogmática procesal. Por ejemplo, que nace de la voluntad de las partes, etc. Como lo he dicho en otras ocasiones, podría concordarse con tales planteamientos o no. Sin embargo, dicho argumento no repara en que en el caso peruano la función jurisdiccional del arbitraje proviene de un mandato expreso de la Constitución y ello, quiérase o no, tiene un tremendo impacto en la forma de concebir al arbitraje en el caso peruano. Y, por ello, como lógica consecuencia el papel de nuestros juristas debe centrarse en diseñar una organización de la jurisdicción arbitral que lo torne lo más eficiente y eficaz posible. El debate alturado, como siempre, está servido. ¡Saludos a todos!

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